AL RINCÓN POR SIETE CÉNTIMOS

             Con siete céntimos de euro no se puede adquirir nada de valor. Una cantidad tan ridícula es el fabuloso pretexto del que se ha servido la administración de la hacienda pública para retrasar la devolución que le corresponde a un ciudadano, por su declaración de la renta de 2010.

            Al parecer a éste se le olvidó ingresar tan “magnífica” cantidad, que le salió a pagar en su declaración del dos mil ocho, y ahora la agencia tributaria  se aferra al derecho de cobro de esta deuda, tal vez porque vendrá a subsanar y solventar el gran déficit público al que nos han abocado los dirigentes con sus mentiras presupuestarias y con el gran engaño de la sociedad del bienestar.

           Me gustaría saber en qué situación se encuentran todos esos expedientes de fraudes que se han publicado, en los últimos años, en los medios de comunicación y en los que las estafas al erario público superan los millones de euros, dinero de la arcas públicas, llenas con el sudor y el sufrimiento de los fieles contribuyentes. ¿Qué pasa cuando un dirigente o un gerifalte de una autonomía, se queda con el dinero que se había presupuestado para la construcción de una escuela, de una carretera que ha de desdoblarse para evitar los constantes accidentes mortales que se repiten o para dotar de material quirúrgico un centro de salud? Pues casi nada. Los procesos judiciales se eternizan, de prolongan y en algunos casos, son sobreseídos porque las pruebas que se aportan impiden a la judicatura iniciar el sumario, porque se aducen nuevas razones que motivaron el desvío de las partidas presupuestadas a otras necesidades más urgentes, como la construcción de una piscina, en el chalet de un edil o el viaje de trabajo de una delegación municipal, a un país de dictadura bananera, bajo pretexto de regularizar y acrecentar las relaciones bilaterales con el mismo. Nosotros les damos bienes y dineros y ellos nos dan alegría al cuerpo.

            Sin duda alguna, el erario público ha de hacer valer y efectuar cuantas acciones sirvan para obtener la recaudación e impuestos que a cada español le corresponda pagar, según su condición y rendimientos laborales, en trato de favor igualitario. Pero que siempre seamos los mismos en sufragar los servicios que todos disfrutamos, incluso de quienes defraudan con toda la impunidad y los que se les facilita la liquidación de sus deudas, o incluso su condonación, me  parece indigno, cuando no escandaloso.

            Siete céntimos no pueden retraer el pago de trescientos. Bastaría, creo sinceramente, en detraer la cantidad adeudada de lo que se ha de pagar e ingresar de inmediato la suma resultante, pues es un dinero que el ciudadano ha adelantado a la Agencia tributaria española. Eso sería lo lógico y práctico en cualquier estado civilizado. Pero seguimos hablando de un país que permite el asesinato de los nonatos, la participación democrática de los grupos terroristas en los asambleas municipales y regionales, dotándoles además de fondos públicos y bases de datos, o la permisividad para que los dirigentes puedan poner en práctica los métodos menos convencionales en el reparto de los bienes comunes, haciendo y deshaciendo a su antojo, o en este caso particular castigando a un sencillo y humilde trabajador y su familia, por una deuda de SIETE CÉNTIMOS DE EUROS, a no poder disfrutar de sus derechos de descanso y ocio, porque no le harán efectivo su devengo hasta finales de septiembre. O lo peor, es que somos muy mal pensados y no hemos visto el gesto de buena voluntad de los administradores de la hacienda pública que le van a guardar su dinero, no vaya   a ser que se lo gaste en comida, y no tenga para el pavo o el turrón de Navidad. Sí, va a ser eso. ¡Que se bien se porta hacienda con sus sufridos contribuyentes!