COMO UN ALCALDE DE ZALAMEA

            El teatro del esperpento que se viene representando en torno al juicio que se está llevando a cabo contra uno de los imputados en el asesinato de Marta del Castillo, en este caso del menor presunto cómplice, viene a corroborar la necesidad de estudiar, al menos, la reforma del sistema judicial de este país, donde sé es más vulnerable al cumplimiento de penas cuánto menor es el delito que se pueda imputar a un ciudadano, si no es recaer en falta, porque entonces apriétese usted los machos.

Los fumadores –que conste que no fumo voluntariamente-, los nuevos leprosos de la sociedad por obra y gracia de un decreto ley, son expulsados de los recintos públicos y condenados a una importante sanción económica si no cumplen con la legislación indecentemente impuesta. Que usted erra, sin ninguna malicia o le equivocan quienes le hacen la declaración de la renta, vaya ajustándose los pantalones porque se convierte en poco menos que un delincuente para el estamento administrativo encargado de la recaudación para el mejor vivir de algunos, por mucho que jure o perjure de su inocencia, y hasta lo pueda demostrar a posteriori. Que usted, por verbigracia de la situación financiera –entiéndase crisis- no puede hacer frente a la hipoteca porque todos los miembros de su unidad familiar están en paro forzoso, porque su negocio ha caído en desgracia o porque ha sido víctima de la morosidad declarada de las administraciones públicas, pasa inmediatamente a engrosar las gloriosas filas de los parias, de los sin tierra, de los sin techo en el peor de los casos, ante el inmisericorde cumplimiento de la ley.

Sin embargo ante lamentables sucesos, en los que se les quita la vida a personas -tomemos como referente el caso de Marta, por cercano y porque indigna que sujetos confesos anden y presuman de palmito, como si nada hubiera ocurrido, por las calles sevillanas- los enjuiciados pueden hacer uso de derechos que al ciudadano común, al que quizás nunca le hayan puesto ni una multa de tráfico, se le niega. Estos individuos se amparan en estas prerrogativas jurídicas para mentir reiteradamente con la inequívoca pretensión de dilatar el proceso y crear mayor confusión entre investigadores y lograr la reducción de la pena y horadando en el enorme dolor de los familiares, que pasan a ser paradójicamente los condenados.

Mientras no se modifique el Código Penal y los políticos que crean y manejan la Justicia –quienes la administran solo cumplen con lo se estipula en sus códices- asuman que el castigo no está reñido con la democracia, ni con la libertad, ni va contra el derecho fundamental de las personas, seguiremos siendo avasallados por quienes se saben impunes y se continuarán cometiendo barbaridades como la de Marta.

Por eso no me asombran ya los hechos, ni los ataques verbales y los intentos de agresión contra los imputados, y quienes les defienden, que se vienen produciendo en las inmediaciones del Palacio de ¿Justicia? Por eso esta reiteración, en pocos días, en mis escritos. No me sorprenden, y hasta logro entenderlos, porque es el único castigo que van a encontrar, la única defensa ante el constante desbarajuste constitucional que proviene las numerosas prerrogativas legales a quienes atentan contra la vida de las personas, y porque empiezan a no creer en la administración igualitaria y equitativa de la justicia.

Tal vez habría que aplicar, en este caso excepcionalmente, y en salvaguardia de la familia que viene padeciendo desde hace dos años este calvario, la ley de la memoria histórica y articular y tomar las medidas necesarias, como se expliciten en ella, por muy duras que pudieran ser, para recuperar el cuerpo de esta niña y que sus padres, hermanas, abuelos y demás parientes pudieran descansar de una puñetera vez. Pueden hablar todavía porque están vivos, pero no quieren. Y hasta pueden pagar la culpa por sus crímenes, si otros quieren.