El blog de lasevillanuestra.over-blog.es

            La sensación de impotencia que predomina en los familiares de las víctimas de menores asesinados por otros menores roza el enloquecimiento. Que un individuo pueda vil e impunemente desposeer a alguien del bien más preciado del hombre sin recibir un castigo equivalente al mal causado puede provocar reacciones que motivan la desesperación de los visionarios que construyen y promueven leyes idílicas para los asesinos. Condenan, por otro lado, estas jurisprudencias a los padres, hermanos  y demás afectos de las víctimas a la desesperación y la ignominia ante la más que previsible salida en libertad, por lo que dispone la ley del menor, que no prevé penas contra los que delinquen con suma premeditación, amparados en los datos que figuran en sus partidas de nacimiento, sino que éstas son condonadas por ingresos en centros especializados para la reinserción social de los jóvenes asesinos. Les preserva también esta ley de ser identificados, prohibiendo explícitamente la publicación o distribución de imágenes que puedan identificarle, para no contribuir a su discriminación futura en todos los ámbitos de la sociedad, en el posible desarrollo de una vida normal y que no se le resten posibilidades para su correcta y justa integración.

            Quienes deben administrarla se encuentran maniatados, imposibilitados de impartir las penas que su conciencia le pudiera dictar, que seguramente dista mucho de la que impondrán ateniéndose a las que reglamenta la ley del menor. No son ellos los culpables de la escasa conciencia que esta grey de políticos “progresistas” nos impone de manera dictatorial. Que les consulten a quienes verdaderamente están capacitados y poseen  la necesaria formación para crear un ámbito de opinión con total ecuanimidad, sin ningún atisbo político que pueda condicionarles en las decisiones finales, sin ningún   complejo de falso progreso que mediatice sus dictámenes y ya veríamos como otro gallo cantaría. Que consulten a quienes sufren los desmanes de estos individuos que con esfuerzos ímprobos y extraordinarios están promoviendo el cambio de una ley que desampara a la víctima, que las convierte en infractores, en transgresores de los derechos civiles cuando se pronuncian en la defensa del honor que debiera asistirles, de unas normas que estipulan una serie de privilegios para los verdugos.

            Cambiar la Ley del Menor no es dar un paso atrás, ni un retroceso en los derechos que deben primar en una sociedad considera cívica y con plenitud de igualdad legislativa. Agravar las condenas –ojo condenar, no internar en una especie de hotel donde se imparten clases de educación cívica que a muchos de ellos les va al pairo en espera de su pronta puesta en libertad- no significaría la regresión, como algunos mantienen desde la solvencia de su amparo y protección, en las libertades de las personas.

            Cambiar la Ley del Menor sería administrar justicia en sus verdaderos términos, corresponder en el tratamiento igualitario de la pena y el delito, sería concordar el acto delictivo sin tener en cuenta que su autor no supera la mayoría de edad, juventud que no le hace irresponsable en sus actos, ni en la premeditación de su deshonrosa acción, en la mayoría de los casos.

            Hay que tomar decisiones, cambiar las leyes para hacernos a todos iguales es una necesidad imperiosa para la consecución de un estado que favorezca las garantías de sus ciudadanos. Las actuales, en muchos de los casos, como podemos comprobar fehacientemente y por desgracia con demasiada habitualidad, solo benefician a una parte, a la de los inculpados. La otra, la de las víctimas, siguen hundiéndose en la oscuridad del dolor, sin poder cerrar sus heridas, donde además hurgan con deleitación y sin ningún tipo de vergüenzas autores e inductores, cuando no actúan con provocación y recochineo, sabiéndose amparados por una ley que les patrocinan y socorren de la ignominia del asesinato que cometieron.